Pronunciamiento sobre los hechos de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad

Pronunciamiento de Margarita López Maya sobre los hechos de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad

En la sede del PPT, Caracas, 8-9-2010

Desde sus orígenes, cuando surgió bajo el nombre de La Causa R, lo que hoy es el partido Patria Para Todos tuvo entre sus fundamentos básicos crear una organi-zación política que expresara la riqueza y diversidad de las organizaciones de la socie-dad, en particular las del movimiento popular. De esa premisa de contribuir a fortalecer a la sociedad y sus múltiples formas de organización y participación, emergió el proyecto de la democracia participativa como una vía para alcanzar una mejor democracia para Venezuela, una democracia para la emancipación y la justicia social. La Causa R fue una de las pioneras en la búsqueda de una forma de partido que le sirviera a las organizaciones sociales, que las expresara políticamente. El PPT, reivindicando esos orígenes, ideó hoy la política de apertura hacia la sociedad aliándose con diversos actores sociales y políticos, con personalidades independientes, a los fines de que llegue a la Asamblea Nacional una representación del complejo, variado y diverso mundo que conforma hoy la sociedad venezolana.
Hago referencia a estos antecedentes porque hoy queremos referirnos a distin-tos hechos que se han venido produciendo en el marco de la precampaña y campaña electoral contra las organizaciones sociales venezolanas de los trabajadores, de los vigilantes de los DDHH, promotores culturales y del desarrollo comunitario. Organizaciones sociales que son parte indispensable de la democracia participativa y protagónica. La descalificación y criminalización de la que ahora son objeto refleja lo mucho que este gobierno –y el partido de gobierno– se ha distanciado del proyecto respaldado por el pueblo en 1999.
Un caso emblemático es el de Rubén González, presidente del sindicato de Fe-rrominera, que ya ha cumplido un año preso por haber dirigido a los trabajadores de su sindicato en el ejercido de su derecho a la huelga. Están también los asesinatos de sindicalistas de tendencias disidentes o adversas al chavismo en diversos partes del país por obra del sicariato, asesinatos que hasta hoy permanecen impunes por negli-gencia del Estado. Un Estado polarizado, donde se confunde al Estado con el gobierno y a ambos con el PSUV, y que parece que ya no considera como ciudadanos con derechos humanos a quienes disienten de sus puntos de vista.
A esto se ha añadido la criminalización de la protesta popular denunciado por organizaciones civiles como PROVEA y Espacio Público. Más de 2.200 personas han sido sometidas en los últimos 5 años a procesos judiciales por ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica.
Para ello ha contado el Estado con la participación de la Fiscalía, hoy subordi-nada a los intereses del PSUV. El caso más abyecto ha sido sin duda su última actua-ción que, ante la muerte del productor agrario Franklin Brito –al cual por estar ejercien-do su derecho a una huelga de hambre se le terminó por declarar loco y confinar al Hospital Militar en contra de su voluntad– no se le ocurrió mejor acción que abrir averi-guación a su viuda y familiares para determinar si ellos lo habían inducido al suicidio. Una Fiscalía polarizada que exalta hacia arriba y criminaliza a los de abajo.
Además de estos hechos se añaden los que desde la precampaña vienen des-arrollándose en contra de ONG que vigilan el derecho a la libertad de expresión y ac-ceso a la información. En julio fueron denunciados por organizaciones afines al cha-vismo ante la Fiscalía, por recibir financiamiento internacional. Están abiertos proce-sos penales y se han dictado sentencias.
Y ahora, al abrirse la campaña electoral, candidatos del PSUV han acudido a la Fiscalía para denunciar a más de veinte organizaciones civiles entre las cuales desta-can PROVEA, SINERGIA, OJO ELECTORAL, COFAVIC, algunas de las organizacio-nes más sólidas y de mayor reconocimiento de la sociedad en su vigilancia de los de-rechos humanos, en sentido amplio, de los venezolanos y venezolanas.
El propósito es absolutamente claro y el procedimiento decididamente perverso. Se trata de desacreditarlas y criminalizarlas, de hacerlas aparecer como si estuvieran cometiendo algún delito al recibir financiamiento internacional. Ahora les toca a ellas entrar en la vorágine de la polarización, para así el gobierno, el PSUV o el Estado –ahora todo parece ser lo mismo– debilitar cualquier resquicio de empoderamiento autó-nomo de la sociedad. Es el estatismo aberrante. Esta arremetida del PSUV contra toda expresión de independencia o autonomía de la sociedad venezolana es expresión níti-da de la vocación totalitaria del modelo del socialismo del siglo XXI que están adelan-tando.
El financiamiento internacional es absolutamente legítimo y necesario a toda sociedad democrática. Más aún si esta está polarizada y su gobierno gobierna sólo para una parte de la sociedad. Las ONG de derechos humanos sirven de interlocución con el poder, vigilando por el cumplimiento y ampliación de los derechos civiles, políticos y socioeconómicos de todos nosotros. Ellas son parte de la democracia participativa y protagónica que las venezolanas y venezolanos apoyamos al aprobar la constitución de 1999. Su accionar forma parte de la necesaria contraloría social.
¿Qué quedó del compromiso con la profundización de la democracia? ¿Con el compromiso por un orden de paz? Con estas acciones parece que muy poco. Pero esta opción electoral que hoy representamos quiere expresar su solidaridad con toda organización que genera poder social, que empodere a los venezolanos. Si alguna ONG contraviene la constitución y la legislación venezolana debe ser investigada y procesada, respetando el debido proceso, individualmente, sin que esa investigación sea usada para cuestionar y descalificar a otras. Tengan por seguro que al llegar a la AN accionaremos apegados a la Constitución Nacional y a los convenios internacionales suscritos por la República, que de acuerdo a esa misma constitución, tienen jerarquía constitucional. Destacamos en primer lugar la Carta de las Naciones Unidas que explícitamente reconoce la necesidad y bondad del financiamiento de la cooperación internacional para garantizar la profundización de la democracia en el orden mundial y nacional en el cual nos desenvolvemos.


Margarita López Maya
Caracas, 8 de septiembre de 2010