Declaración política
DE FRENTE CON VENEZUELA
Hace 21 años, los venezolanos protestaron violentamente contra un modelo económico-político agotado, que había traicionado sus esperanzas y aspiraciones de bienestar, democracia, independencia y soberanía, al construir y mantener un régimen de entrega de nuestras riquezas y de nuestro destino al mundo desarrollado, principalmente a Estados Unidos, en lugar de asumir la creación de una nación próspera y justa, a través de la educación, el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y la utilización del petróleo como palanca del crecimiento agroproductivo e industrial en sus máximos niveles de perfeccionamiento.
Diez años más tarde, las esperanzas fueron depositadas en el insurgente del “por ahora”, quien enfrentó militarmente al agotado régimen político con un mensaje vehemente pero democrático, decidido pero participativo, enérgico pero solidario, y que invitaba a la construcción de una Venezuela distinta de la existente hasta entonces, donde las condiciones de vida del pueblo mejoraran obstensiblemente, en un ambiente de libertad y participación, trabajo productivo intenso, justicia social, cooperación internacional amplia e independencia y soberanía económica y política, amparado en la prédica y práctica de nuestros libertadores.
Luego de once años de gobierno “bolivariano revolucionario”, debemos reconocer los avances obtenidos en: ciudadanía subjetiva y participación política de la población, estímulo de la integración y solidaridad latinoamericana, diversificación de las relaciones internacionales del país, promoción de la independencia nacional frente al imperialismo estadounidense, toma de justas posiciones en defensa de la soberanía de los pueblos, reivindicaciones sociales como una mejor distribución del ingreso hacia los sectores desposeídos de la sociedad, la alfabetización de la población y la creación de los módulos populares de atención médica. Además, la construcción de cierta infraestructura de carácter estratégico.
Pese a ello, desafortunadamente nos encontramos en una situación general similar que la del pasado, en materia de creación de una nación próspera y justa para los venezolanos. La ciudadanía objetiva para todos y la participación real están en contradicción con el autoritarismo presidencial, la centralización y concentración absoluta del poder en el Presidente, el ventajismo del gobierno-partido, las prácticas inconstitucionales de variado tipo, la corrupción e impunidad, el terrorismo judicial y la presencia en todo el territorio de grupos armados incontrolados, entre otras características que tememos estructurales del régimen actual. Una evidencia de la excesiva concentración y centralización de poder, que entraba la descentralización y limita la autonomía e independencia en el impulso y construcción del poder popular, ha sido la promulgación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, cuya finalidad real es concentrar más el poder en el Presidente y la burocracia.
Por otra parte, no han sido superadas, ni tienden a superarse con las teorías y prácticas de la actual administración, las graves carencias nacionales en materia económica estructural, energética, agroproductiva, de empleo formal, de producción de conocimientos, calidad educativa, salud integral, seguridad ciudadana, ambiental, vivienda, suministro de agua, electricidad, aseo urbano y domiciliario, entre otras. Además, los venezolanos son golpeados por una inflación persistente, a la que se une una devaluación de la moneda casi igual a la ocurrida en los dos últimos períodos presidenciales de la llamada Cuarta República.
Adicionalmente, el país está políticamente entrampado en una situación polarizada artificialmente por un acuerdo colusorio entre el Gobierno y la oposición tradicional, quienes realmente comparten intereses estratégicos contrarios a la nación venezolana, como el mantenimiento del modelo de explotación petrolera de venta de combustible fósil, utilizado sin interrupción desde hace 90 años; el apoyo a la creación inconstitucional de empresas mixtas de explotación de crudo, las ventas petroleras a futuro, la cesión de activos petroleros nacionales a compañías extranjeras y su uso como garantía de préstamos, la contratación en el exterior de grandes obras de infraestructura en detrimento de la ingeniería nacional, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que cambia la proporcionalidad constitucional por la sobre representación de la mayor minoría; la ausencia de inmunidad jurisdiccional del Estado en la resolución de controversias, la agresión a sindicatos y líderes populares y el grosero enriquecimiento del sector financiero.
Ni el capitalismo monopolista de Estado impulsado por el Gobierno, que reproduce y multiplica el poder omnímodo de la burocracia estatal contra los trabajadores, en nombre de una falsa propiedad de los obreros y de la nación de los medios de producción, ni el capitalismo con base en el libre mercado constituyen paradigmas que permitan superar los graves problemas que afectan a la sociedad venezolana. El fracaso de los estados de dictadura burocrática y el no menos ominoso fracaso del capitalismo de libre mercado no son soluciones viables a la profunda crisis que afecta a nuestro país.
Frente a esta situación, comienza a formarse un nuevo sector político diferente de los dos existentes, distante de la oposición y que se distancia del Gobierno, que no significa una expresión intermedia entre ambos, sino que tiene como meta un modelo de país distinto de los que están en el debate actual: Ni Panamá o Puerto Rico, países sin soberanía ninguna, en el caso de la oposición, ni Cuba, país de capitalismo burocrático de Estado con logros en algunos campos, pero con graves deficiencias productivas y de diversidad política. El pueblo asume cada día más una actitud objetiva y reflexiva, sin que sus necesidades y simpatías lo obnubilen, lo confundan o lo ofusquen; ha aprendido a contrastar lo que se dice y se promete con lo que se hace, teniendo a la práctica social como fundamental criterio de verdad, de manera de evitar seguir siendo engañado y manipulado.
Se debe eliminar la amenaza como herramienta ordinaria de gobierno e instaurar la práctica de gobernar más y hablar menos. Es prioritaria la instrumentación de un programa de gobierno de “salvación nacional”, que se caracterice por una dirección democrática y colectiva de la política y un programa de independencia real frente a coloniajes, imperios y trasnacionales, más allá de la simple retórica. Éste debe incluir: la rectificación del modelo petrolero de venta de combustible fósil, para pasar al desarrollo de la industria petroquímica y la química orgánica industrial; la creación de un importante sistema científico tecnológico, como herramienta fundamental del crecimiento económico y social; la diversificación económica a través del impulso a la industrialización del país, mediante la capitalización de las ganancias petroleras, con énfasis en las industrias básicas de Guayana y la agroproducción nacional que garantice la soberanía alimentaria; la generación de las condiciones materiales generales de producción, como la de electrificación total del país no sólo hasta pueblos y caseríos, sino hasta las unidades productivas, y la de adecuadas condiciones subjetivas mediante la alta calificación y la protección social de los trabajadores nacionales.
Debe organizarse un sistema nacional de salud centralizado normativamente y de ejecución descentralizada, bajo la dirección de profesionales venezolanos, que financie la demanda de servicios y aumente la capacidad resolutiva de sus instituciones, dentro de un ambiente humano y solidario de trabajo; garantizar la calidad educativa y formar profesionales altamente competentes y socialmente comprometidos, que impulsen el despegue del subdesarrollo; proyectar y construir las grandes infraestructuras para el desarrollo nacional y rehabilitar las existentes, mediante el empleo de la ingeniería nacional toda vez que fuese posible; habilitar los barrios pobres para incorporarlos a las ciudades y convertir a sus habitantes en verdaderos ciudadanos; impulsar la construcción de viviendas, erradicar la corrupción en todas sus formas y niveles, para lo cual debe adecentarse el Poder Judicial y eliminar la impunidad existente; garantizar la seguridad personal y combatir el delito con una nueva policía, sólo posible sin intervención de las actuales y bajo una nueva jefatura.
La oposición actual no parece convencerse de que la dependencia de EEUU no nos augura un futuro luminoso como patria, ni constituye un ideal mayoritario de los venezolanos. Confunde el enfrentamiento con el presidente Chávez con el despliegue de una actuación anti-nacional, que asume una actitud de negativa permanente y de rechazo de opciones y programas nacionales distintos, que favorezcan realmente a la inmensa mayoría de los venezolanos; además, mantiene el mismo viejo liderazgo comprometido con políticas equivocadas y antinacionales en el pasado, incapaz de inspirar algo de confianza en la población. Por su parte, el Gobierno Nacional no da paso a la apertura de un diálogo amplio, ni emprende la rectificación necesaria de la política llevada adelante, por lo que no avanza objetivamente hacia la construcción de una Nación independiente, democrática y participativa, de la que podamos todos sentirnos orgullosos.
Los polos políticos actuantes no han asumido un discurso y una práctica, que tenga al país y a todos sus habitantes como objetivos supremos: una propuesta donde quepan y puedan actuar protagónicamente todos aquéllos que quieren construir una gran nación. Ninguno de los polos que se disputan el control de la dirección política está a la altura de este reto, pues ambos están interesados sólo en aniquilar políticamente a su contrario. Todos estamos inmersos en esa lucha y su agudización pone en peligro la paz en Venezuela. El gobierno, contrario a toda lógica, desprecia a sus aliados y a quienes hagan críticas razonables. Los estigmatiza como traidores y contrarrevolucionarios. Lamentablemente, ese irrespeto contra quien opine distinto no va a cambiar, sino a agudizarse en la lucha por conquistar la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. Su definitiva conformación determinará el rumbo de la política en el futuro inmediato y las condiciones de lucha por la sucesión presidencial en 2012.
Instrumentar el programa antes señalado equivale a rescatar la propuesta inicial efectuada a los venezolanos en 1998, que suscitó grandes expectativas y esperanzas. Quienes suscribimos sólo queremos lo mejor para nuestra patria y para nuestro pueblo, metas sólo posibles si logramos discutir y decidir colectivamente y reducimos al mínimo la maniquea división actual de la población. No queremos que la actual camarilla opositora nos devuelva al pasado de tragedias ya superado, pero también vemos con consternación que la presente gestión termine con lo poco de patria que nos queda. No atender este llamado es colocarse de espaldas a una realidad incuestionable.
Propugnamos el surgimiento de una opción política, que asuma el reto de la ya más que sentida necesidad nacional de construcción de Venezuela en el marco de la Constitución vigente. No despreciamos las posibilidades que la próxima elección de diputados a la Asamblea Nacional pueda aportar, pero estamos concientes que la Ley Orgánica de Procesos Electorales fue aprobada para sólo permitir las opciones políticas de las dos primeras minorías, dejando totalmente fuera a quienes no hayan alcanzado a desarrollar sus potencialidades electorales. Esto, por supuesto, no impide la realización de esfuerzos individuales y colectivos para mejorar la composición de la actual asamblea, donde ello sea verdaderamente posible.
Estamos convencidos, sin embargo, que la lucha política debe apuntar desde ya hacia las elecciones presidenciales de 2012, donde el contenido perverso de la Ley Orgánica de Procesos Electorales no nos coloca en situación de minusvalía. Es por ello que proponemos al pueblo venezolano la participación en las elecciones presidenciales con una candidatura propia, distinta de Chávez y de la que presente la oposición, capaz de unificar a los venezolanos patriotas, que están o han estado dentro del gobierno, con grupos y personas igualmente patrióticos, quienes fueron empujados, por la gestión gubernamental actual a respaldar a las fuerzas opositoras existentes. Se trata de construir una república contemporánea, reto muy a propósito en este momento cuando nuestra Patria se apresta a conmemorar el bicentenario de su nacimiento como república.
Que nadie se deje chantajear con la acusación de ser traidores y de haber abandonado viejas posiciones. Los traidores están en otras partes y los fracasados, de ayer y de hoy, también.
Caracas, 10 de marzo de 2010
Camilo Arcaya, César Arismendi, Ana María Ascaso, Josefina Baldó, Elibel Bermúdez, Nirida Bolívar, Sergio Brandi Pifano, Lía Brunetti, José Cacharuco, Elizaine Calatrava Armas, Tony Carmen, Adelaida Casanova, Tony Chacón, Rosanna D’Vita, Henry De la Mano, Emiro Escobar M., Migdalia Espinoza, Roy Estrada Acevedo, Carmen Teresa Flores, Franklin Fuenmayor, Luis Fuenmayor Toro, César Martín Galarraga, Noris Margarita García Malavé, Marcos Gómez, Carlos Llagostera, Nancy Márquez, Alirio Martínez, Absalón Méndez Cegarra, Denis José Mendoza, Miriam Milano, Juan de Jesús Montilla, Julio Mora Contreras, Carmen Moreno Urdaneta, Héctor Allán Núñez, Jorge Núñez, Trifon A. Núñez, Salvador Navarrete, Oscar Noya, Tomás Odehnal, María Eugenia Oliver, Sergio Otero, Witre Omar Padilla, Ángel Paredes, María Mireya Ramírez, Marvelys Ramos, José Ruiz, Edinson Manuel Salas, Miguel Jacinto Salas, Juan Pablo Sarratud, Luis Carlos Silva, Daniela Thonon, Fermín Toro Jiménez, Ivonne Torrealba Villegas, Rubén Vargas, Federico Villanueva, César Villarroel, siguen más firmas
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